El final del procés catalán, ¿una negociación encubierta y pactada?

Con carácter previo, conviene definir qué es una negociación y las reglas de juego por las que suele regirse.

 

En este sentido, una negociación es aquella relación que establecen dos o más personas, por sí mismas o en representación de una entidad, para solucionar un conflicto de intereses determinado con el fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes implicadas.  

 

Aunque normalmente se asocien a la actividad profesional exclusivamente, las negociaciones forman parte esencial de nuestra vida en sociedad. Así, en la esfera estrictamente personal, son necesarias cuando se produce una crisis conyugal o se lleva a cabo la compraventa de una vivienda. Dentro del ámbito empresarial y laboral, son frecuentes las negociaciones entre empresas o entre estas y organizaciones sindicales. Asimismo, integran el ejercicio diario de ciertas profesiones públicas como la política y la diplomacia.

 

Según el Método Harvard de Negociación, reconocido a nivel mundial, se establecen cuatro pilares fundamentales en un proceso de negociación:

- Separar a las personas del problema objeto de negociación.

- Centrarse en los intereses de las partes implicadas, y no en las posiciones aparentemente antagónicas.

- Generar distintas alternativas que proporcionen un beneficio mutuo.

- Apoyarse en criterios externos u objetivos aceptables para ambas partes.

 

En la actualidad, el conflicto de intereses más grave que atraviesa nuestro país es el derivado del proceso independentista catalán, siempre subyacente en la Historia de España y con episodios efímeros de proclamación de una república independiente. Este se ha exacerbado en la última década por la convergencia de dos factores.

 

Primero, por la anulación de una serie de artículos del Estatuto de Cataluña a instancias de un recurso presentado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (2006). Y segundo, debido a la incidencia de la crisis económica a partir de 2008 a nivel nacional y, particularmente, en esta región. Estos dos hechos han proporcionado el relato ideal a los nacionalistas para culpar al Estado español de cercenar, por una parte, la ampliación de su autogobierno, y por otra, de los efectos adversos de la recesión económica, bajo el simplista lema de: “España nos roba”.

 

Como consecuencia de lo anterior, en los últimos cinco años los partidos nacionalistas inician una deriva independentista, centrando sus esfuerzos en la negociación con el Estado español de un referéndum para ejercitar su derecho a decidir si desean constituirse como una república soberana. La negativa por parte del Gobierno Central a estas pretensiones desemboca en este año 2017 en un procés de desconexión unilateral de Cataluña respecto a España.

 

En la actualidad, las dos partes enfrentadas de este conflicto son:

- Por un lado, los partidos nacionalistas, que en realidad no constituyen un bloque homogéneo. Dentro del mismo, se encuentran los partidarios de posturas maximalistas que abogan por una independencia a cualquier precio, como la CUP, y, otros que la defienden con menos radicalidad, como ERC y PDeCat, que prefieren conseguir tal independencia a través de un referéndum pactado.

- Por otro lado, los partidos constitucionalistas, que también presentan diferencias tácticas, aunque no estratégicas. Así, tenemos a PP, Ciudadanos y PSOE, siendo este último el eslabón débil de este bloque político debido al sentimiento semi-nacionalista que ha caracterizado al PSC durante los últimos años.

- Finalmente, los partidos de la “nueva izquierda” como Podemos y sus “Mareas territoriales”, muestran una postura equidistante para no tomar parte en este conflicto. Aparentemente no defienden la independencia pero sí el derecho a decidir a través de un referéndum.

 

En el mes de septiembre, los acontecimientos se precipitan con la aprobación en el Parlamento catalán de un referéndum de independencia sin guardar las formalidades legales y la celebración del mismo el 1 de octubre en las condiciones ya conocidas. Finalmente, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, lanza un órdago a la grande proclamando la Declaración Unilateral de Independencia el 8 del mismo mes, aunque inmediatamente suspendida.

 

El Gobierno de Mariano Rajoy, apoyado por los partidos constitucionalistas, responde al envite con la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, nunca antes utilizado desde la instauración de la democracia.

 

Posteriormente, el pasado 26 de octubre se anuncia un pacto por el cual Puigdemont iba a convocar elecciones autonómicas para el 20 de diciembre, a cambio de que el Gobierno Central paralizase la aplicación del artículo 155. No obstante, se tuvo que retractar ante las críticas recibidas por parte de las fuerzas independentistas más radicales.

 

Al día siguiente, tiene lugar una escenificación de la proclamación de la República Catalana en sesión plenaria del Parlament. A su vez, el Pleno del Senado aprueba una versión “light” del artículo 155 respecto al texto aprobado previamente por el Consejo de Ministros. Las medidas acordadas se limitan al cese del Govern y altos cargos, la asunción “meramente técnica” de las competencias de todas las Consellerías y, muy especialmente, la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre.

 

Finalmente no se toma el control de los medios de comunicación ni se adoptan medidas en materia de educación, principales centros difusores de la propaganda soberanista. Además, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, transmite que el Gobierno “vería con agrado” que Puigdemont se presentara a las futuras elecciones.

 

De lo anterior se deduce que el desenlace de facto de esta aplicación exprés del artículo 155 es exactamente el mismo que el pretendido por Puigdemont el día anterior: la convocatoria de elecciones autonómicas en el plazo de 54 días, sin una intervención política de mayor alcance. Parece evidente que se ha llevado a cabo un proceso de negociación encubierto en el que, siguiendo el esquema del Método de Harvard:

- Se han separado a las personas del problema objeto de negociación: estableciéndose un cauce de negociación a través de terceros mediadores para evitar un contacto directo entre personas enemistadas radicalmente en lo político y lo personal.

- Se han centrado en los intereses de las partes implicadas y no en las posiciones políticas de quienes las representan: su interés común era primordialmente apaciguar los ánimos y contentar en lo posible a los partidarios de uno y otro bloque.

- Se ha generado una alternativa nueva que proporciona un beneficio mutuo: la convocatoria de elecciones autonómicas no estaba contemplada en un principio.

- Se han apoyado en criterios objetivos: entre otras cuestiones, la necesidad de cortar la fuga de empresas fuera de Cataluña, con el perjuicio económico que conlleva para esta región y secuelas para el resto de España.

 

En conclusión, se ha llevado a cabo una negociación secreta con un resultado pactado beneficioso para ambas partes. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha conseguido proclamar la Declaración Unilateral de Independencia, tal y como prometió a sus seguidores, y el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aplicado el artículo 155 como le exigían los defensores más puristas de la Carta Magna. Queda de manifiesto que la casta política se protege.

 

Estrategia win-win para ambos.


... Al menos hasta ahora, pues el tiempo de la política ha llegado a su fin, y una de las dos partes ha incumplido la ley, por lo que es probable que lo que ha servido para la negociación política no sirva en los tribunales.

 

 

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